El caso Falcón embarra Congreso
Yeni Berenice pedirá juez especial a la Suprema
Santo Domingo.- El escándalo desatado por el caso de la Operación Falcón traspasará la jurisdicción ordinaria cuando el Ministerio Público solicite hoy, lunes, a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez instructor especial para que investigue los nexos de legisladores con el caso de narcotráfico y lavado de activos que ha estremecido a la sociedad dominicana.
La solicitud de la designación de un juez de instrucción especial será solicitada por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, para el control de las investigaciones de los legisladores, entre los que figuran los diputados Héctor Darío Feliz y Nelson Marmolejos Gil.
Berenice Reynoso informó que la solicitud se hará en
virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los congresistas, y esto
no impida que sean judicializados, y tan pronto ocurra se dará a conocer a la
sociedad el nombres de los legisladores involucrados.
El nombre de Marmolejos Gil está incluido en el
expediente de la Operación Falcón sobre narcotráfico y lavado de activos,
después que el Ministerio Público afirmara que éste obtuvo el financiamiento
completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen
organizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.
El nombre del diputado Darío Feliz es por haber
transportado a una de las personas que serán extraditadas a Estados Unidos,
vinculados a la Operación Falcón, y que tenía la presunta intención “de
sustraer al extraditable de la investigación”, según el los fiscales del caso.
Con este, ya suman dos los jueces de la Suprema Corte de
Justicia que deberán tener el control de las investigaciones en contra de
legisladores, por lavado de activos, productos del narcotráfico. El primero
fue el de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, por su vinculación a una
presunta red que encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky
López).
Berenice Reynoso sostuvo que tienen un expediente
sólido y blindado, con miles de páginas con la que obtendrán medida de coerción
en contra de los encartados.
Aseguró que hay pruebas suficientes que demuestran la
implicación de los imputados en la red internacional de narcotráfico y lavado
de activos.
“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue
el Ministerio Público, bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán,
todo aquel que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser
judicializado y procesado”, resaltó la procuradora adjunta.
Sobre la medida de
coerción, la jueza del juzgado de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges,
aplazó para el próximo viernes, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de
la solicitud de prisión preventiva de 18 meses presentada en contra de los 21
implicados de la red criminal.
Desde el 2017 la
organización criminal que integraban los extradilables, los imputados en la
investigación, y otros en ese proceso, traficaron unos 2,500 kilos de cocaína
semanales desde el 2012, pero sus operaciones las tienen registradas los
entes de inteligencia desde años anteriores y hay evidencias de que aumentaron
a partir del año 2017.
Entre República Dominicana y Puerto Rico le fueorn
decomisados aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima
de impunidad bajo el que desempeñaban sus operaciones delictivas.
De su lado, el vicepresidente
de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño
Guzmán, consideró que la operación Falcón representa una nueva prueba para el
sistema político democrático de la República Dominicana.
Entiende que el caso muestra las graves falencias del
ordenamiento jurídico e institucional nacional e indica cuán profundas son las
debilidades que persisten en el país.
“Porque en todos los sectores existe el convencimiento
de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy
superior a lo percibido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los
organismos internacionales para calcular el daño que estos fenómenos producen
en nuestra economía y estructura social”, acotó el jurista.
A su juicio, la operación es “una muestra más de que el
Estado, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y
legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del
sistema de consecuencias...”
